La súbita ansiedad del Gobierno por aumentar
urgentemente la producción de gas natural, elevando precios a los
productores domésticos, tiene motivos muy importantes. Al malhumor
social que quedó en evidencia en las protestas del 8 de este mes sólo
faltaría agregarle un racionamiento y cortes programados o no de
electricidad y de gas natural comprimido.
La producción ha tenido una disminución importante
desde junio pasado y el consumo no se detiene, lo que requiere de
mayores importaciones.
Es el resultado de la ruinosa política aplicada en los
últimos ocho años por lo menos, cuando en lugar de mejorar los precios
locales se comenzó a recurrir a las importaciones de fuel oil
venezolano. Además, el subsidio de las tarifas locales estimuló el
consumo de un bien que se prefirió pagar más caro importándolo de
Bolivia y por barco, desde otros países a costos todavía mucho más
altos.
El resultado es, además, el déficit comercial de la
balanza energética, que obliga al cepo cambiario. Los argentinos podrán
tener, si no perdieron los subsidios, energía y gas barato a cambio de
no poder contar con dólares para ahorrar, sufrir restricciones colosales
para el turismo y aun padecer la escasez de productos importados
imprescindibles, como medicamentos y prótesis.
Las cifras de la Secretaría de Energía son preocupantes y muestran la sostenida caída de la producción.
La participación de la estatal Enarsa no parece ayudar
mucho. Lanzada como la solución total para el mercado energético
argentino, manejada como una empresa privada, pese a ser totalmente de
propiedad estatal, la compañía produce poco y nada de gas y es
mayoritariamente una intermediadora de importaciones.
Según las estadísticas de la Secretaría de Energía no
produjo un solo metro desde mayo último y redujo, así, a cero su pobre
participación en el mercado, que en el mejor mes de producción apenas
llegó a unos 466.000 metros cúbicos, sólo el 0,12% del total nacional.
Hasta septiembre lo entregado fue apenas el 0,004% del total nacional.
Las necesidades son enormes no sólo por las urgencias.
YPF enfrenta toda clase de problemas para interesar inversores en la
explotación de yacimientos no convencionales, que, con costos mucho
mayores, requieren de un precio de retribución más alto.
Un mayor precio en boca de pozo también tendría efectos
políticos. Las regalías van directo a las cajas de los gobernadores,
que así pueden independizarse, de algún modo, de las presiones
financieras de la Casa Rosada.
Un incremento de los precios, que tendría costo
político si llega a las facturas, tendrá además el potencial de darles
alguna autonomía financiera a los mandatarios de Neuquén, Río Negro,
Santa Cruz, Mendoza, Tierra del Fuego, Chubut y Salta, que podrían
mostrarse menos sumisos, cuando el Gobierno intente conformar las listas
con las que enfrentará una crucial elección de medio término.
El Gobierno ha temido y ha logrado evitar un apagón
domiciliario y, a diferencia de los cortes programados ruinosos para el
gobierno de Raúl Alfonsín a finales de los 80, hizo los apagones en la
industria.
Los empresarios y algunos sectores políticos creen que,
si bien la inflación, la inseguridad y el cepo cambiario han minado el
respaldo al Gobierno en enormes proporciones, ninguno de ellos tiene aún
la posibilidad de hacer estallar la furia que despertaría un colapso
energético.
Las autoridades parecen tener el mismo convencimiento y
trabajan contra reloj para asegurar el abastecimiento en los próximos
meses.
El gas se utiliza no sólo para calefacción y para hacer
funcionar industrias, sino que también cumple un importantísimo papel
en la generación eléctrica, crítica en un verano caluroso.
El cepo cambiario incentiva la demanda de turismo en el
país, aumentando el consumo en áreas que suelen tener problemas de
abastecimiento, no sólo por la producción de energía, sino también por
la distribución.
Las incógnitas para los calurosos meses por venir son todavía múltiples.
Fuente: Diario La Nación
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